Kennedy acababa de ser asesinado en Dallas y el Che dirigía el Banco Nacional de Cuba; en ese tiempo —hace ya tanto tiempo— leíamos a Marx, leíamos a León de Greiff, y algunos leían a Sartre, traducido por Jorge Orlando Melo, y otros pocos estudiaban a Hegel. Guillermo Hoyos todavía oficiaba y leía a Kant; Darío Mesa estudiaba a Weber y Estanislao Zuleta se emborrachaba con Mario Arrubla en El Cisne. Digo, en esos días, los anaqueles de la Librería Buchholz y de la Librería Nacional vivían repletos de libros, libros importados de Argentina y México, y algunos, unos pocos, de España. Gaitán Durán no había muerto y la revista Eco salía con regularidad. Tercer Mundo editaba los libros de José Gutiérrez.
El cine Coliseo exhibía lo mejor de la Nueva Ola francesa y del neorrealismo italiano. En ese tiempo, digo, El Catolicismo publicaba un índice de películas prohibidas “para todo católico”, argumento suficiente para invitarnos a los adolescentes a gozar con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. Muchos “recuperábamos” libros en las librerías de moda, unos para leer y otros para vender en los quioscos de la carrera décima. Alguna tarde, entré a la Buchholz y me embolsiqué Mi vida, de Trotsky; ¿Qué hacer?, de Lenin, y El Capital, de Marx (sólo el primer tomo, en honor a la verdad). De paso me eché otro al bolsillo: el Manual de Farmacología, de Kuschinsky y Lüllmann. Salí cargado pero temblando. Dos cuadras adelante, cuando ya coronaba la carrera séptima, me cayó la Policía con el señor Buchholz: me esculcaron y a la estación de Policía de Germania fui a dar: reseña, interrogatorio, detención preventiva por hurto. Unas horas y oí a mi mamá en un corredor hablando con el teniente de turno. El ordenanza me abrió la puerta, mi mamá me tiró un reproche, yo sonreí haciéndome el pendejo. Después el sermón sobre la propiedad y el honor familiar. ¿Qué dirán tus tíos? Y además, ¡con libros de esos!
La vida cotidiana se fue tragando el mal paso, todo quedó sepultado. Pasaron los años, las ilusiones se fueron limando, las ganas de comerse el mundo y a todo el mundo, también.
Cuarenta años después, por aquellas cosas de los trámites regulares, una mañana lluviosa, me citó la Autoridad Competente con amabilidad a una entrevista. ¿Autoridad Competente? ¿Entrevista? Yo no salía de mi asombro. Más por curiosidad que por cortesía, me presenté en la sede de los oficiales, que tan pronto me identificaron me invitaron a pasar sin hacer cola, y luego a seguir a un cuarto pequeñito donde había un escritorio, una cámara secreta y un asiento cojo. Cuéntenos —me dijo la Autoridad Competente—, ¿qué hizo usted después de salir de la universidad? Queremos complementar y aclarar una información pendiente. Accedí divertido a detallarle mi hoja de vida. Quizá —pensé— el señor oficial tiene intereses especiales o está escribiendo una tesis sobre Mayo del 68. No, doctor —me dijo como si me hubiera leído el pensamiento—, no se trata de nada de eso; como queda dicho, queremos llenar un blanco en un sumario, obsesiones, lo sé, pero es que usted —agregó con solemnidad— estuvo acusado de narcoterrorismo. Me reí. No se ría mucho, que la cosa es en serio: hay una investigación administrativa interna, vigente, doctor —repitió—, vigente. Simple: el robo de libros revolucionarios sumados al de un manual de farmacología hicieron pensar a las autoridades lo que aún piensan. ¡Que es grave! No lo tome a la ligera. La investigación terminará, sin duda, pero está vigente. Hay fallas, lo sé. En nuestro sistema, como en los listados de clientes morosos que llevan los bancos, los nombres entran, pero no salen. En realidad, para mí, el detalle tiene un mero significado anecdótico. Pero hay autoridades caprichosas que temen que con lo que está pasando, todo puede volver a pasar. Ya lo llamaremos en la hora debida. Mil gracias.
Salí atónito de la entrevista. Y continúo atónito.
Al escritorio de un periodista llegan todos los días cartas, libros, mensajes y documentos de todo tipo, enviados por amigos y desconocidos. Algunos se consideran muy interesantes, por lo que se guardan para una lectura posterior; y otros, muy insulsos, se desechan y acaban en el tacho de la basura. Uno de los textos que guardé se llama La guerra subversiva. Nociones básicas. Propuestas para defender al país contra esa amenaza (septiembre de 2007), que recibí fotocopiado de alguien que lo encontró abandonado en un prestigioso restaurante de Bogotá.
En su visita a Colombia, el relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, constató que hay numerosas etnias al borde del exterminio y que muchas son víctimas de los diferentes grupos armados y en algunos casos del mismo ejército. Oidhaco hace un llamado a la Unión Europea para que colabore en la protección de estos pueblos.
La Organización de Derechos Humanos Acción Colombia -Oidhaco-, con sede en Bruselas y que agrupa a una treintena de organizaciones de 10 países europeos, ve con preocupación la situación por la que atraviesan los pueblos indígenas colombianos que se encuentran en medio del fuego cruzado de la guerra y que son víctimas de las guerrillas, del ejército colombiano y de los grupos paramilitares.
El drama humanitario que afecta a estas etnias hizo que el Relator de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, visitara el país, que hablara con altos representantes gubernamentales, con los líderes indígenas y que visitara parte de los territorios ancestrales. Constató in situ que el robo y expulsión de sus tierras por parte de los grupos paramilitares, que el asesinato de sus líderes a cargo de guerrillas, especialmente por las Farc, paramilitares y miembros del ejército, entre otras causas, están consiguiendo que cada día sean menos las etnias, que muchas de ellas se encuentren en peligro de extinción, y que el índice de mortalidad infantil sea escandalosamente más elevado que la media nacional. El Relator instó a los grupos ilegales para que “supriman el reclutamiento y la vinculación de niños y niñas indígenas” y que eliminen de sus prácticas “el usos de minas antipersonal”.
Anaya hizo referencia al Auto de la Corte Constitucional Colombiana en el que denuncia que “los pueblos indígenas sufren alarmantes patrones de desplazamiento forzado, homicidios, falta de alimentación y otros problemas graves a causa del conflicto colombiano”, y que ante las “situaciones de urgencia que esto genera, no se ha recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad". Concluye el Relator, que los testimonios escuchados de los indígenas, “confirman la evaluación de la Corte”. Al constatar esta situación Anaya declara que “las iniciativas del Gobierno de Colombia en materia de los derechos para los pueblos indígenas necesitan ser consolidadas y su efectiva implementación asegurada”.
La Corte Constitucional Colombiana caracterizó a 34 pueblos indígenas en condiciones particulares de vulnerabilidad y las organizaciones non-gubernamentales colombianas, entre ellas la Organización Indígena Colombiana -ONIC, denuncian que de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, 60 tienen menos de 500 habitantes, diez de ellos con menos de cien, lo que hace que su desaparición sea inminente si no se les brinda una protección especial por parte del Estado.
En un estudio entregado a Anaya, la ONIC, denuncia que entre 2002 y 2009, mil indígenas han sido asesinados, 176 han sido desaparecidos y 187 fueron víctimas de violencia sexual y tortura. De los 13.750 hechos violentos perpetrados contra los indígenas en este periodo – cifra sin precedentes – el 48% se atribuye a las guerrillas, el 34% a las fuerzas de seguridad y el 13% a grupos paramilitares.
En sus conclusiones a la visita a Colombia el Relator Anaya, afirma que persisten “alegaciones de violaciones de derechos humanos por miembros de la fuerza pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con víctimas indígenas”.
En cuanto a los megaproyectos económicos que se aprueben para realizar en zonas indígenas, muy en boga actualmente gracias a los acuerdos comerciales que Colombia está tramitando con la Unión Europea y los Estados Unidos, el Relator señala la necesidad “de armonizar la política pública de desarrollo del país con los derechos humanos e individuales de los pueblos indígenas”, en especial, con aquellos proyectos relativos a la extracción de recursos o infraestructura: “El reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es necesario para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas”.
Oidhaco, apoyada en el informe del Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, y en los diversos estudios de la ONGs colombianas, hace un llamado al Gobierno colombiano para que proteja a las etnias indígenas víctimas de una guerra de las que ellas no hacen parte, insta a las guerrillas y grupos paramilitares para que respeten los derechos de los pueblos indígenas, y solicita a la Unión Europea que tome parte activa en una estrategia sostenible de protección a corto y largo plazo de su integridad y su estilo de vida.
